La crisis estructural de los centros de detención preventiva en Venezuela alcanzó un nuevo nivel de degradación en la parroquia San Agustín de Caracas, donde más de un centenar de personas permanecen recluidas en los calabozos de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana bajo un hacinamiento crítico que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.
Según documentó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los 120 detenidos distribuidos en cinco celdas —incluyendo un espacio exclusivo para funcionarios procesados— carecen de acceso a baños y agua corriente, viéndose forzados a hacer sus necesidades en un hueco dentro del mismo espacio donde duermen y a asearse únicamente una vez cada siete días.
Esta precaria situación, agravada por la exigencia de pagos en divisas para recibir visitas o alimentos y el incumplimiento flagrante de los lapsos legales de permanencia de 48 horas, no solo expone a los reclusos a un inminente brote de escabiosis y enfermedades cutáneas, sino que desnaturaliza la labor de los cuerpos policiales, obligados a fungir como custodios penitenciarios sin presupuesto, infraestructura ni formación adecuada.
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